Investigadores de la UE luchan por acceder a datos de redes sociales a pesar de la nueva ley

Los investigadores europeos que buscan estudiar los daños de las redes sociales se enfrentan a un problema de acceso a datos a pesar de una nueva ley de la UE diseñada para otorgarles derechos sin precedentes para escudriñar a las grandes tecnológicas. Bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), que entró en vigor en febrero de 2024, los investigadores pueden solicitar datos internos de plataformas como TikTok, X (anteriormente Twitter) y Meta para investigar riesgos sistémicos como la desinformación, el discurso de odio y la seguridad infantil. Sin embargo, los investigadores dicen que estas empresas aún deciden quién puede mirar adentro, creando demoras e incertidumbre.

La DSA exige que las plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP) con más de 45 millones de usuarios en la UE otorguen a los investigadores verificados acceso a datos para estudios sobre riesgos sociales. Las plataformas afectadas incluyen TikTok, X y Facebook e Instagram de Meta. La ley es importante porque la investigación independiente es crucial para comprender y mitigar los daños en línea, pero sin acceso oportuno a los datos, los estudios se estancan. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Ámsterdam y otras instituciones han presentado solicitudes, pero reportan esperas de meses o denegaciones directas.

Cifras específicas muestran que, a marzo de 2024, solo un puñado de investigadores ha obtenido acceso bajo la DSA. La Comisión Europea ha designado 19 VLOP, incluyendo Amazon, Apple y Google, pero el enfoque está en las redes sociales. Antecedentes: antes de la DSA, los investigadores dependían de acuerdos voluntarios de intercambio de datos, que a menudo eran limitados o revocados. La DSA busca cambiar eso haciendo del acceso a datos un derecho legal, pero las plataformas pueden rechazar solicitudes si las consideran insuficientemente específicas o si el investigador no está acreditado.

Próximos pasos: se espera que la Comisión Europea emita directrices sobre cómo manejar disputas sobre el acceso a datos. Mientras tanto, los investigadores piden decisiones más rápidas y transparencia por parte de las plataformas. Algunos han amenazado con presentar quejas ante los reguladores nacionales, lo que podría dar lugar a multas de hasta el 6% de la facturación anual global de una empresa. El resultado determinará si la DSA cumple su promesa de abrir la caja negra de los algoritmos de las redes sociales al escrutinio público.